Hola de nuevo a tod@s!!!Como en otras ocasiones volvemos a hacernos eco de un tema que nada tiene que ver con nuestro municipio de forma directa, pero que entendemos que dada su importancia y repercusión debe tener cabida en nuestro blog.
Hace algunos meses que comenzamos a ver aparecer, cada vez con mayor intensidad, numerosas y continuas noticias sobre Garzón y su supuesta prevaricación al tratar de juzgar los crímenes del franquismo; que en los últimos días se ha intensificado con las reacciones de varios autores y columnistas en diversos artículos de opinión por las diferentes publicaciones nacionales y regionales.
El tema en cuestión está tomando, cada vez más, un cariz político, sobre todo en virtud de los últimos acontecimientos donde las manifestaciones de apoyo hacia el juez desde diferentes sectores, entre ellos los principales sindicatos, se está viendo como una medida de presión sobre un estamento como el judicial, en teoría independiente, para influir sobre su decisión.
El juez Baltasar Garzón ha caracterizado su carrera judicial por su continua defensa de los Derechos Humanos y su determinación de aplicar el principio de justicia universal, abriendo en España procesos contra represores argentinos a fines de la década de 1990 como los excomandantes Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, cuando éstos gozaban de impunidad en su propio país, donde regían indultos y las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida; así como también consiguió el arresto en Londres del ex dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990) en 1998, al que pidió en extradición para juzgar por la muerte de ciudadanos españoles bajo su régimen.
La Declaración de Derechos Humanos sostiene que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, no pueden ser amnistiados y, si no son juzgados por la jurisdicción del país donde se cometieron, puede intervenir la justicia de cualquier otro Estado.
Bajo ese paradigma, Garzón se declaró competente en 2008 para investigar delitos cometidos por el franquismo, a pesar de la ley de amnistía dictada en 1977 para los delitos de naturaleza política cometidos hasta el 15 de diciembre de 1976; que dicho sea de paso, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha recomendado anular en más de una ocasión.
Poco más tarde, Garzón declaró extinguida la responsabilidad penal por esos crímenes, debido al fallecimiento de los posibles imputados, Franco y cuatro decenas de jerarcas de su régimen, y colocó en manos de juzgados regionales la investigación del paradero de los restos de los desaparecidos.
Pero el Tribunal Supremo admitió a trámite la causa en contra de Garzón, presentada por dos organizaciones ultraderechistas, y acogió el argumento del juez instructor Luciano Varela, para quien el magistrado incurrió en prevaricación: la adopción, a sabiendas, de resoluciones contrarias a la ley.
Según Varela, Garzón inició y prolongó la instrucción atribuyendo a personas fallecidas delitos que habían prescrito, estaban amnistiados y que, además, no eran de su competencia.
La comunidad internacional siempre ha reprochado a España que, pese a haber realizado una ejemplar transición política, ésta aún guarda muchas sombras como el no haber depurado las responsabilidades oportunas en los crímenes y abusos cometidos durante la dictadura franquista. La ley de amnistía supuso ignorar cuanto había ocurrido hasta entonces, una condición seguramente necesaria en aquel momento histórico concreto, pero que una vez superado ese momento y con una democracia más madura como la actual con 35 años a su espalda, ya no tiene sentido. Ahora toca devolver la dignidad y hacer justicia con aquellas familias que sufrieron las represalias del franquismo y perdieron a sus miembros fruto de los crímenes del régimen y aún hoy siguen enterrados en cunetas y fosas comunes sin tener derecho a un enterramiento digno. ¿Quizás estas organizaciones ultraderechistas y aquellos partidos políticos partidarios de que no se busquen esos enterramientos temen que devolver la dignidad y dar un enterramiento digno a esas personas sin lápida suponga deshonrar a quienes sí fueron enterrados con lápida y todos los honores de héroes de guerra?
Tras todos estos acontecimientos son muchas las reacciones que se han producido y muchas las opiniones recogidas en diversos foros; aquí os dejamos los enlaces a varias de ellas (Tribuna de Carlos Slepoy 'El País', Juan José Millás 'La Opinión de Málaga') para que podáis ampliar la información y haceros vuestra propia opinión sobre si el proceso judicial abierto a Garzón se ajusta a derecho o si está siendo objeto de una persecución política.
Como decimos, este es un tema tan importante que los medios internacionales se han hecho eco de ello y por eso nos gustaría acabar este artículo del mismo modo que lo hace ‘The New York Times’ Spain needs an honest accounting of its troubled past, not prosecution of those who have the courage to demand it. (España necesita una explicación honesta de su turbulento pasado, no perseguir a aquellos que tienen el valor de pedirla.)
Hola de nuevo a tod@s!!
